Obra Pública: por demora en pagos y redeterminaciones, empresas pierden hasta 30% de la retribución

La inflación, las demoras en las actualizaciones de precios y los pagos que van de 75 a 285 días en las certificaciones erosionaron las finanzas de muchas constructoras.

Obra Pública: por demora en pagos y redeterminaciones, empresas pierden hasta 30% de la retribución

La situación de la obra pública en Argentina se agrava cada vez más y el costo lo están afrontando exclusivamente las empresas del sector. La inflación, las redeterminaciones tardías y los pagos que van de 75 a 285 días en las certificaciones han logrado erosionar las finanzas de muchas firmas del sector.

Para tomar una referencia, las empresas pueden perder hasta el 30% del total del ingreso proyectado producto de la incompetencia del Estado en la falta de actualización de los montos. Para calcular el perjuicio, debe tomarse lo que se denomina el Valor Actual Neto, es decir, el resultado obtenido por la empresa durante la ejecución de la obra, que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuanto se gana o pierde -en términos reales con esa tarea.

Como se dijo, los reclamos de los empresarios de la construcción por el atraso en los pagos de certificaciones y las demoras para aprobar las actualizaciones de precios de los proyectos no encuentran salida hasta el momento. En rigor, el desajuste por inflación provocado en los costos de las obras de la Nación ya provoca la parálisis de algunos proyectos, lo que, advierten en la Cámara que representa al sector, redundará en el inicio de suspensiones masivas y hasta despidos de cientos o miles de trabajadores, en un rubro que emplea a un universo de un millón y medio de personas.

La génesis del problema

El punto más dramático de la situación se ubica en la descapitalización a la que se ven expuestas las empresas. Por ejemplo, una obra que tuvo su última redeterminación en noviembre de 2022, puede tener aprobado su certificado respectivo recién en mayo de 2023 y facturarse recién en junio. Luego deberá esperar varias semanas para poder cobrarse, de lo que deriva toda una secuencia que desnuda la falta de atención por parte del ministerio de Obras Públicas en las tareas promocionadas.

Por un lado, los insumos necesarios para la ejecución de las obras han tenido sustanciales modificaciones a partir del entorno inflacionario. Es decir que los números presupuestados al momento de la licitación sufren una erosión cada vez más relevante producto de la velocidad inflacionaria. También el costo financiero ha trepado en forma contundente.

Para tomar una referencia, hasta hace algunos meses nada más, las empresas calculaban un impacto a pérdida en términos financieros puros producto de los atrasos podía rondar el 5 o 7% anual. Hoy ese perjuicio ha crecido en forma exponencial.

El reclamo

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ya elevó a las máximas autoridades del Gobierno su queja por ralentización del tratamiento y pago de los certificados de obra pública, con sus respectivas redeterminaciones de costos, pero hasta ahora el reclamo no fue atendido. La crisis en la construcción es un problema general, sistémico, que ocurre en todas las compañías del sector, ya sean pymes, medianas o grandes. “El retraso en los pagos alcanza a todos por igual”, indicaron fuentes de la construcción.

El presidente de Camarco, Gustavo Weiss, explicó que se trata de un combo que conjuga aumento acelerado de los precios de los insumos, esperas de hasta 10 meses para cobrar los contratos y el endeudamiento de las empresas a altas tasas para seguir funcionando.

Las obras públicas atraviesan un proceso de presentación, licitación (compulsa de precios) y adjudicación, donde se aprueba el monto total presupuestado. Pero, según establece un decreto de Mauricio Macri, cuando la inflación supera el 5% se activa un mecanismo por el cual se pone en marcha la redeterminación de precios de la obra. En épocas de baja inflación se generaban una o dos por año, pero hoy se necesitan múltiples actualizaciones mensuales, e incluso, hay quienes piden que sean diarias.

“Todo parte de la escasez de dinero del Estado nacional y los provinciales, los problemas en las redeterminaciones de precios y las dilaciones de meses en las aprobaciones. Incluso haciendo actualizaciones mensuales no alcanza, porque la fórmula no representa la realidad. Los contratos así son inviables”, describió Weiss.

Es que las redeterminaciones se calculan sobre meses pasados, tras conocerse los índices de inflación y otras variables del INDEC, y no sobre el mes el curso o días del mes, lo que provoca que los costos de las obras queden atrasados. Este desfasaje perjudica las finanzas de las constructoras, que en muchos casos se ven obligadas a financiar los proyectos con fondos propios, a la espera de una promesa de compensación que siempre llega tarde.

En paralelo existen importantes demoras para obtener la redeterminación por parte del Estado Nacional, en particular, del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis. Según comentan los empresarios afectados, una vez que presenta la solicitud se tardan unos 60 días en responder, con lo cual, se produce un “atraso del atraso”. Los casos más graves son los que adicionalmente tienen problemas burocráticos en la aprobación de trámites porque intervienen más de una jurisdicción. En cambio, las obras de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, están mucho mejor, detalló Weiss.

Hasta hace poco tiempo las empresas calculaban un costo financiero adicional del 2% del total de la obra, equivalente a los días desfasados por los precios desactualizados. Hoy ese porcentaje trepó al 10%, lo que en muchos casos hace inviable la continuidad de los proyectos, o el inicio de nuevos emprendimientos.

Para peor, el titular de la Cámara recordó en diálogo con C5N.com que no existe algún tipo de resarcimiento por las demoras.

“Desde hace décadas que los gobiernos institucionalizaron como algo normal no pagar intereses, pese a que la Ley de Obras Públicas establece que cuando hay demoras se deben pagar intereses compensatorios. Si a una empresa le pagan 30 días atrasados le están sacando 8 ó 9% de la factura y a 60 días el 18%. Así las obras se transforman en inviables”, alertó.

En Camarco reiteraron que, de persistir la situación actual, el alto impacto sobre el empleo y la paralización de obras llegarán más temprano que tarde.

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